Día Internacional de la Mujer #NuestraSaludNuestrosDerechos
Con el objetivo de denunciar la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que suponen prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA pone en marcha la campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos, con motivo del Día Internacional de la Mujerque se celebra mañana.
En España se practican cada año alrededor de cien esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, la mayoría mujeres, pese a que los efectos físicos y psicológicos de esta práctica están suficientemente constatados. Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera los derechos humanos.
Estos procedimientos, que se practican en su mayoría a mujeres con discapacidad que han sido incapacitadas judicialmente, son legales en nuestro país a pesar de que contravienen convenios internacionales y vulneran los derechos de las afectadas.
Solo en 2017 se practicaron 93 esterilizaciones forzosas en nuestro país y, según la Fundación CERMI Mujeres, en la última década se han resuelto en los juzgados un total de 1.017 procesos en este ámbito. Existe en cualquier caso una falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que impide conocer en detalle la situación de esta problemática en nuestro país, ya que no se especifica cuál es la resolución final de cada procedimiento, ni se desagregan los datos por sexo o edad.
En España, estas vulneraciones de derechos son legales según el artículo 156 del Código Penal y se pueden producir tras una incapacitación judicial. Sin embargo, tratados internacionales como el Convenio de Estambul, que España ha ratificado, prohíbe expresamente esta práctica. También la ONU lo ha calificado como "inaceptable". Según el Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, los abortos y las esterilizaciones forzadas "pueden constituir tortura".
La imposición de métodos anticonceptivos en mujeres con discapacidad psicosocial o la infravaloración del deseo sexual femenino, son otros aspectos que la organización quiere visibilizar este 8 de marzo.
En la campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos, la Confederación defiende que las mujeres con problemas de salud mental deben tener derecho a otorgar su consentimiento informado para cualquier procedimiento médico."Se dice que las esterilizaciones forzosas o los abortos coercitivos se realizan por el bien de las propias mujeres, cuando la realidad es que suponen una vulneración de los derechos humanos", afirma el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel A. González Zapico. "Desde la Confederación defendemos lo estipulado por el Convenio de Estambul y la ONU. Todas las mujeres, y por supuesto aquellas que tienen algún problema de salud mental, deben poder ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin que nadie lo haga por ellas", añade.
Abortos coercitivos, anticoncepción y deseo sexual
Los abortos coercitivos tienen graves consecuencias para las mujeres. De nuevo, el Convenio de Estambul advierte de que es "delito", a pesar de lo cual se trata de una práctica que afecta en España a mujeres con discapacidad psicosocial. La campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos hace hincapié en que la decisión de ser madre o no debe ser libre y corresponder únicamente a la mujer.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que "las mujeres con discapacidad psicosocial son presentadas como excepciones a una regla que se ha conformado bajo la sombra de mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la `buena madre´ y la `loca peligrosa´. La sombra de estos mitos es muy alargada y se cierne como una barrera infranqueable a la hora de que estas mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones con las demás, aunque los poderes públicos tengan la obligación de garantizarlos".
En este contexto, Muñoz Escandell apunta a que "la mujer con discapacidad psicosocial se sitúa como una especie de `subcategoría´ aparte, susceptible de sufrir prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo que, pese a ser contrarias a las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, en nuestro país continúan siendo legales. Necesitamos un sistema sociosanitario flexible que promueva la autonomía de las personas con problemas de salud mental para que puedan ejercer libre, consciente y responsablemente su sexualidad".
Estas prácticas están muy vinculadas al estereotipo de que las mujeres con discapacidad no tienen capacidad para ser madres. "El eterno debate desde las esferas públicas en torno al aborto, supone un ejercicio de control sobre el cuerpo de las mujeres al poner en cuestión permanentemente, derechos ya conquistados. Este control patriarcal adquiere unas connotaciones específicas cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con problemas de salud mental", afirma Remedios Perogil Sabán, experta en género de SALUD MENTAL ESPAÑA y técnica del Área de Proyectos y Estudios. Perogil explica que "cuando la condición de ser mujer se ve atravesada por otras circunstancias como tener un problema de salud mental, los mandatos de género sobre la maternidad se ven desactivados. Todos estos procesos de estigmatización donde entran en juego el género y la salud mental, originan que el control sobre sus cuerpos esté orientado hacia la negación o invisibilización de su salud sexual y capacidad reproductiva. Por estas cuestiones, se hacen necesarios instrumentos jurídicos específicos que garanticen sus derechos".
La campaña pone también de manifiesto que hay mujeres con problemas de salud mental a las que se les impone el uso de métodos anticonceptivos. La Confederación denuncia que estas situaciones violan su ejercicio de autonomía y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Por otro lado, las mujeres con discapacidad son a menudo percibidas erróneamente como personas asexuadas. #NuestraSaludNuestrosDerechos reivindica que el deseo sexual de las mujeres, con o sin discapacidad, existe igual que el masculino.
Por último, la campaña denuncia que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta los efectos que los fármacos pueden provocar en la sexualidad de las mujeres con problemas de salud mental. Desde la Confederación se defiende que no hay que infravalorar el impacto de la disfunción sexual en sus vidas, y se les deben ofrecer información y alternativas terapéuticas.
Esta campaña es una de las actividades llevadas a cabo con la subvención del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
